A lo largo del
trámite de la reforma a la justicia, diversas organizaciones de la sociedad
civil alertaron sobre los inconvenientes de varios artículos incluidos en esa
iniciativa legislativa y de la forma como se fue tramitando y concertando. De
hecho el punto de partida no podía ser peor: una reforma constitucional en el
2011 que habilitó a congresistas con problemas con la justicia para hacer
modificaciones a la Carta y poder así votar sobre temas que los podían
favorecer.
A partir de allí
nada podía ir bien, como efectivamente sucedió. Aunque dicho Acto Legislativo
se encuentra demandado, en el transcurso del trámite a la reforma otros actores
también fueron sumando privilegios: mientras magistrados de las altas cortes
negociaron aumentos en sus periodos y en su edad de jubilación, el gobierno
logró el afianzamiento de mayorías en el Congreso y el favor de las Cortes,
abriendo paso a su posible reelección.
En medio de todo
este festín de privilegios, la Constitución Política, la democracia colombiana
y el ciudadano común y corriente, salieron mal librados. Pocos son los
beneficios y los temas que pueden salvarse y muchos los acuerdos que tendrían
un efecto nefasto para el país, tal y como lo han señalado ex-constituyentes,
organizaciones, medios de comunicación, estudiosos y ciudadanos en general (ver
por ejemplo. htmlhttp://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/3055-reforma-a-la-justicia-indignados-y-movilizados.html “Impunidad”, “vergüenza”, “horror”, son expresiones que ha generado
el articulado de la reforma.
En medio de la
pasividad de la mayoría de la sociedad,unos pocos sectores de la sociedad civil
y de la oposición política, siguieron levantando la voz de protesta. Hasta el
pasado jueves, cogidos “con las manos en la masa”, las posibilidades del
engendro de los diferentes poderes fueron demasiado evidentes y llevaron a
otros actores a pronunciarse. El grotesco gesto de la conciliación fue, sin
embargo, un paso adelante en un proceso de favorecimientos que ya se había
desatado.
Asistimos ahora a
una cadena de excusas y de evasivas y a la búsqueda- a como dé lugar-
por parte de los encargados de tomar las decisiones sobre el tema, de una
salida para evitar la aplicación de la reforma. Si bien coincidimos en que ésta
sería completamente nociva, el hundimiento, adoptado por el ejecutivo y el Congreso,
solo puede verse como una reacción a la movilización y la protesta de la
sociedad civil.
Aunque esta medida
se ofrece como una tabla de salvación con la que todos aparecen satisfechos,
Foro Nacional por Colombia considera que ahora más que nunca es necesario
seguir apoyando el referendo y a sus promotores, como un mecanismo a través del
cual la clase política y otros actores involucrados en el acuerdo sientan que
existe vigilancia y seguimiento sobre sus actos. De igual manera, el hecho de
que sobre el hundimiento se esté presentando un manto de dudas jurídicas,
implica que se debe seguir en alerta hasta tanto no se tenga certeza de que
ninguna de las medidas incluidas en esta reforma entra a regir en el futuro.
De ninguna manera
consideramos viable la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Esta es más
bien la alternativa de quienes quieren “pescar en río revuelto”. Abrir esta
puerta puede dar píe a nuevos intentos de desmonte de la Constitución de 1991 y
de conseguir por esta vía lo que no se logró con el referendo releccionista que
se impulso en el anterior gobierno.
Aunque más lenta,
nuestra apuesta es nuevamente por fortalecer la institucionalidad democrática.
Este ejercicio de movilización social y ciudadana debe terminar con el
establecimiento de una serie de sanciones morales y penales a los congresistas
y funcionarios del Congreso implicados. Las investigaciones sobre los vínculos
de políticos con actores ilegales deben continuar. La justicia se debe depurar
y fortalecer.
El establecimiento de una Mesa por la Reforma a la Justicia, con
representación de diversos sectores de la sociedad civil y el sistema judicial
puede ser una opción a considerar. Desde allí la sociedad organizada podría
presionar la reforma que realmente necesita el país, la cual debe cerrarse, de
entrada, a todos los intentos de contrarreforma política y de impunidad que
permanecen agazapados desde diversos sectores del Congreso.
Adicionalmente
temas como la relección y el restablecimiento del equilibrio de poderes
deberían estar en la agenda del país, así como la apuesta por el
fortalecimiento de la ciudadanía, única posibilidad para crear contrapoder y
arrebatarle a la clase corrupta lo que por apatía y desencanto el pueblo
soberano ha venido perdiendo.
